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Justicia Terapéutica y Sistema Penal en México

Por MDH. Lizeth Montejano Torres

En los últimos años, a raíz de la reforma en materia penal del año 2008, en México se ha transitado de un sistema penal inquisitivo a uno acusatorio adversarial y garantista, siendo la mayor transformación estructural ocurrida en esta área. Años más tarde, se refuerza éste cambio con la reforma en materia de Derechos Humanos ocurrida en el año 2011, pues el artículo 18 constitucional establece que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte para lograr la reinserción del sentenciado.

Entre los temas presentados en este nuevo modelo de administración de justicia, se encuentra el programa de Justicia Terapéutica, la cual es descrita a detalle en el apartado “Beneficios Preliberacionales y Sanciones no Privativas de la Libertad”, de la Ley Nacional de Ejecución Penal y está prevista como sustitutiva en la ejecución de la pena bajo supervisión judicial por la comisión de delitos patrimoniales sin violencia, realizados bajo los influjos de alguna droga o con el fin de obtener recursos para adquirirlas. Entre los objetivos de dicho programa se menciona disminuir los índices delictivos, según se indica en el art. 169 de la LNEP y, por lo tanto, en la reincidencia.

A partir del 2009 se implementa el modelo de Tribunal para el Tratamiento de Adicciones en nuestro país, encontrándose hasta el momento en Nuevo León, el Estado de México, Chihuahua, Morelos y Durango, así como en Chiapas con una Sala de Audiencias. En este sentido, la Justicia Terapéutica junto a los Tribunales de Tratamiento de Adicciones se presentan como una oportunidad para que la problemática de adicciones se aborde vinculando las facultades de los sistemas gubernamentales de salud, seguridad pública y los organismos que deseen colaborar ya sean de la sociedad civil o la iniciativa privada.

Aún existen muchos retos en torno al tema delictivo y su relación con el consumo de sustancias legales e ilegales, por lo que es necesario identificar formas de administración de justicia que consideren el contexto actual, las necesidades que como sociedad enfrentamos y los recursos materiales, económicos y estructurales que se requieren para satisfacerlos.

“Esta publicación fue producida con el apoyo financiero de la Unión Europea. El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de Renace Capítulo San Luis Potosí, y en ningún caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea”.

“Esta publicación fue realizada en el marco del proyecto “Auditoría Social y la Garantía de los DESCA” llevado a cabo por Educación y Ciudadanía, A.C. bajo el nombre de ¨Vigilancia Ciudadana de los Derechos Humanos¨, y en ningún caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de Educación y Ciudadanía, A.C”.